En situaciones de gran tragedia, como el reciente incidente ferroviario en Adamuz, la labor de los profesionales forenses adquiere una importancia fundamental. Su objetivo primordial es esclarecer las circunstancias de los fallecimientos y facilitar la identificación de las víctimas, un proceso que en España se rige por un estricto protocolo nacional.
Este procedimiento, establecido mediante el decreto 32/2009, coordina la actuación de los institutos de medicina legal y las fuerzas de seguridad del Estado. La finalidad es asegurar una identificación ágil y precisa, así como determinar con exactitud las causas y condiciones de cada deceso. Para ello, diversas instituciones, incluyendo los ministerios de Justicia e Interior, las comunidades autónomas afectadas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, trabajan de manera conjunta. Además, se activa un Centro de Integración de Datos (CID) para centralizar la información y agilizar la comunicación con los familiares de los afectados.
La fase de investigación forense implica varias etapas críticas. En primer lugar, se recogen datos y muestras en el lugar del suceso, registrando características físicas, vestimenta y objetos personales de los cuerpos. Paralelamente, se establecen puntos de atención para que los familiares proporcionen información crucial, como documentos de identidad, fotografías recientes, detalles de tatuajes o cicatrices, y antecedentes médicos. También se toman muestras biológicas de los allegados para realizar comparaciones genéticas. Posteriormente, en los laboratorios de criminalística, se llevan a cabo estudios detallados, incluyendo análisis de huellas dactilares, perfiles de ADN y registros dentales. Los forenses realizan autopsias exhaustivas, apoyándose en estudios radiológicos, toxicológicos y anatómicos para cotejar la información y determinar con certeza la identidad y la causa de la muerte. Todas las coincidencias genéticas o dactilares son remitidas al Centro Integrado de Datos, que valida la identificación y autoriza la entrega de los restos a las familias. Durante todo este proceso, es esencial la colaboración entre los médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales para garantizar un apoyo integral a los familiares de las víctimas.
El trabajo del médico forense, como perito judicial, genera informes que son decisivos para establecer si una muerte fue accidental, natural o violenta, proporcionando la base científica necesaria para la acción legal. Su labor no solo es de naturaleza judicial, sino que también posee una profunda dimensión humanitaria, ofreciendo a las familias la seguridad de conocer la identidad de sus seres queridos y permitiéndoles así iniciar el proceso de duelo con certeza y dignidad. Este compromiso con la verdad y la compasión es un pilar fundamental en la respuesta ante tragedias de esta magnitud.